Ventajas fiscales de la donación de documentos

Es frecuente que personas que han ido haciendo acopio de todo tipo de documentos a lo largo de su vida, tanto propios como de su familia o de sus negocios, se planteen en un momento dado hacer donación al archivo municipal del lugar en donde viven o de la población donde han nacido (o a otro archivo de cualquier ámbito: de una diputación provincial, de una comunidad autónoma, del Estado, etc.).
Hay normas tributarias que favorecen estas donaciones; el incentivo consiste en deducciones que se pueden incluir en declaraciones de impuestos del año en que la donación haya tenido lugar.
Las deducciones fiscales son un incentivo interesante para las donaciones
La Ley 49/2002, de 23 diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo:
En su artículo 16.b determina que tienen incentivos fiscales al mecenazgo los donativos, las donaciones y las aportaciones que, si cumplen los requisitos reglamentarios, se hagan a favor, entre otros, de las entidades locales.

En su artículo 17, en cuanto a los donativos, las donaciones y las aportaciones deducibles, establece que dan derecho a practicar las deducciones que se prevén: los donativos, las donaciones y las aportaciones irrevocables, puros y simples, hechos a favor de las entidades señaladas, y concreta en su punto
e): los donativos y las donaciones de bienes culturales de calidad garantizada a favor de entidades que persiguen, entre sus fines, la realización de actividades museísticas y el fomento y la difusión del patrimonio histórico artístico.

En su artículo 18 fija la base de las deducciones por los donativos, las donaciones y las aportaciones mencionados a favor de aquellas entidades, y especifica en su punto 1.b) que, en cuanto a los donativos o las donaciones de bienes o de derechos, esta base es el valor contable que tengan en el momento de la transmisión; para el caso de que no se disponga de ese valor contable, será el valor determinado de acuerdo con las normas del impuesto sobre el patrimonio. De conformidad con el punto 2 del mismo artículo, el importe anterior tiene como límite máximo el valor normal en el mercado del bien o del derecho transmitido, en el momento de su transmisión.

En su artículo 24.1 prevé que la efectividad de los donativos, las donaciones y las aportaciones deducibles debe justificarse mediante certificación emitida por la entidad beneficiaria, con los requisitos establecidos reglamentariamente.

En cuanto a las normas mencionadas relativas al impuesto sobre el patrimonio, la Ley 19/1991, de 6 de junio:
En su artículo 24 dice que los bienes y derechos de contenido económico —atribuidos al sujeto pasivo— distintos de los inmuebles y los derechos reales; los vinculados a actividades empresariales y profesionales; los depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo; los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios o de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, negociados en ambos casos en mercados organizados; los seguros de vida y las rentas temporales o vitalicias; las joyas, las pieles de carácter suntuario y los vehículos, las embarcaciones y las aeronaves; los objetos de arte y las antigüedades; las concesiones administrativas; los derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial, y las opciones contractuales… se valorarán por su precio de mercado en la fecha de generación del impuesto.
Así pues, una de las herramientas para el establecimiento del valor de mercado es la tasación llevada a cabo por un experto en la materia, salvo medio de prueba más adecuado o preciso.
La tasación o valoración económica de los archivos se basa en distintos parámetros; entre ellos:
La significación, especialmente en términos históricos, historiográficos, sociales y culturales, para la entidad en que se quiere integrar la documentación; es decir, la efectiva vinculación con el territorio, con aportación de datos que pongan de manifiesto aspectos relevantes en el devenir de la evolución de una población en los diversos terrenos de la vida colectiva.
La envergadura o alcance: volumen físico de la documentación y período temporal a que se refiere.
Su diversidad y/u homogeneidad: composición del archivo como conjunto de libros, legajos, mapas, recortes, tarjetas, correspondencia, expedientes, etc.
También hay que tener presente el soporte físico de la información, además de los datos que esta aporta en forma de relato, actas, etc.; es decir, los papeles, las tintas y cualesquiera otros elementos eventualmente relevantes a la hora de que un estudioso de esas materias tuviera interés en someterlos a examen.

Así pues, no solamente son importantes los aspectos abstractos, sino también —y por encima de estos— los prácticos: consulta, investigación, publicación, contraste de datos… con cualesquier finalidad: histórica, estadística, de aprovechamiento de recursos, de hitos importantes en el seno de la localidad y de la colectividad.

Por lo tanto, la tasación tiene en cuenta toda una serie de parámetros de distinta naturaleza que son específicamente propios de cada archivo, puesto que su composición siempre es única.
La comparación con otros archivos, con datos de transmisiones o valoraciones llevadas a cabo en otros casos, así como con operaciones comunes en mercados en los que se compran, venden o intercambian documentos antiguos, son puntos de referencia interesantes, si bien meramente indiciarios: cada valoración aporta una relación bien-valor económico absolutamente singular, y esto es así porque el término valor de mercado queda relativizado por la irrepetibilidad de cada conjunto documental, de la vinculación —en casos como este— entre transmisor y transmitente (da igual que el cambio de titularidad tenga carácter oneroso o lucrativo) y del mercado ciertamente existente o no que determinan los dos factores recién citados. A la postre, el mercado aparece con motivo de las posibles transacciones, puesto que en otro caso sigue latente y este tipo de bienes permanece con un valor incierto.

El procedimiento que se sigue en estos casos en que el donante quiere favorecer a la comunidad, pero también aprovechar las ventajas fiscales con las que las leyes lo premian —que no resarcen— por su gesto, es el siguiente:

El donante informa al archivo destinatario de su voluntad de cederle los documentos.

El archivo; es decir, el ente al que pertenece, estudia la conveniencia de aceptar la donación. En este punto, los técnicos del archivo examinan los documentos y hacen un inventario con un detalle más o menos pormenorizado (que ya se pulirá, de acuerdo con las normas de descripción archivística, llegado el momento).

Si el donante quiere disfrutar de las ventajas fiscales mencionadas, solicitará del archivo un certificado que acredite su valor económico; para lo cual el archivo pedirá que un experto en la materia lleve a cabo la tasación, cuyos honorarios correrán de cuenta del archivo, como beneficiario de la donación planteada.

Sobre la base del informe de tasación, el ente emitirá el certificado con que el interesado (el donante) podrá justificar, si se le pide, las deducciones incluidas en sus declaraciones de impuestos.

Es una iniciativa provechosa que los archivos de titularidad pública informen a los posibles donantes de tales ventajas, puesto que de ello se derivan varios beneficios:
Para el archivo, incrementa las probabilidades de recibir nuevos fondos.
Para el donante, una rebaja tributaria (si efectivamente la puede disfrutar de acuerdo con su nivel de renta, de patrimonio y otros requisitos).

Adicionalmente, para el archivo el hecho de que la donación se acompañe de una tasación determina que los fondos recibidos ya tengan una valoración patrimonial inicial, con la facilidad que esto representa para la inclusión de tales activos en la contabilidad del ente titular del archivo.

Autor: Joan Artes / Périto Judicial e.mail : perit@joanartes.net
Fotos. Selección de Revista Transformación Digital / Redacción

 

 

 

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